CONSTRUCTORA ESTANCONCRET

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martes, 10 de mayo de 2011

PASAR DE PRESTO A PROJECT2007 PARA PODER TRABAJAR

Este vídeo es un tutorial de como pasa un proyecto de Presto a Microsoft Project 2007 para poder trabajar en la gestión de proyectos.

martes, 22 de marzo de 2011

COSTE DEL TRABAJADOR PARA LA EMPRESA 1 Parte

Hoy quiero hablar un poco de un tema que mucha gente conoce pero no todos lo sabemos desarrollar de la manera correcta, el coste de la mano de obra en la construcción para una empresa. Este es un tema que aunque parece difícil de entender,  en realidad es sencillo de entender si  se explica paso a paso;  esto es lo que tratare de hacer. Les agradecería a las personas que lean este articulo y los sucesivos que publicare en relación a este tema,  que si observan algún fallo en el desarrollo de los paso o creen conveniente la aclaración de algún termino, me lo comunique para poder hacer la corrección pertinente.    
Argumentos básicos para el coste de la mano de obra.
Cuando un Jefe de Obra, responsable de Personal  o Empresario, tienen la necesidad de contratar  un trabajador, deberá  asegurarse cuál es el coste  real que implicara esta contratación y comprobar si puede hacer frente a dicho coste, digo esto puesto no se trata de pagar el salario en mano del trabajador sino de lo que hay que cotizar por él.
Cuando me refiero a lo que hay que cotizar por él; quiero hacer referencia al dinero que la empresa tiene ingresar a la Seguridad Social por ese trabajador, aparte de la propia aportación que el trabajador hace a la Seguridad Social.  Estas cotizaciones se aplican mediante unos porcentajes que estipula el Gobierno y que varía según sea la base de cotización de contingencias comunes y el tipo de cotización.
Definición de Salario Bruto: Es el dinero que la empresa le paga al trabajador sin el descuento  de las cotizaciones y el pago de impuestos; este es el salario que se negocia al momento de contratar un trabajador.
Definición de Salario Neto: Es el dinero que percibe el trabajador en mano, una vez deducidas las cargar de cotización y impuestos.
En esta primera parte no les quiero abrumar con tantos conceptos, es interesante que descarguen los link que dejo al final, puesto que serán de mucha utilidad para entender los demás artículos y es conveniente que los tengas, adicionalmente te sugiero que cuando los tengas impreso  los compares con tu nomina para que visualices un poco de donde provienen los porcentajes que te descuentan en la nomina.

martes, 22 de febrero de 2011

La claves de la Ley de Economía Sostenible

Las empresas cobrarán los contratos con las Administraciones en 30 días


El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incorpora un capítulo para hacer frente a la morosidad. Entre ellas, hay una propuesta para modificar la Ley contra la Morosidad y la de Contratos del Sector Público para que reduzca el plazo máximo de pago de 60 a 30 días. Para el sector privado, el plazo será de dos meses. Ahora el tiempo medio es de 134 días en el caso del sector privado -frente a los 67 días de la Unión Europea- y de 89 días en las operaciones comerciales entre empresas -en la UE es de 54 días-, según estima la patronal catalana Pimec.
- Contratos públicos. Los proveedores cobrarán, según el texto, en 30 días a partir de la fecha de expedición de las certificaciones de obra o del documento que acredite la culminación del contrato, siempre que su cliente sea una Administración. El sector público tendrá, no obstante, un plazo de tres años para adaptarse a la norma. El plazo máximo será de 55 días en 2010, de 50 días en 2011 y de 40 días en 2012. A partir de 2013 deberán pagarse en 30 días.
- Contratos privados. En las operaciones entre empresas, el plazo quedará fijado en 60 días. El Gobierno ha mantenido la apostilla "a falta de pacto entre las partes", pero la elimina para las empresas que sean consideradas "de reducida dimensión". Las pequeñas y medianas empresas, que se han adherido a la plataforma contra la morosidad, opinan que el Ejecutivo ha vuelto a abrir una rendija para que todo siga igual. Además, el Gobierno da a los proveedores 30 días para que envíen la factura. "Estamos en las mismas. El cliente puede exigir que se le mande la factura apurando los 30 días y entonces ya tiene tres meses para pagar. ¿Y cómo vas a denunciarlo? Si lo haces, ya sabes que no te van a contratar más", explica Antoni Cañete, secretario general de Pimec y miembro de la plataforma contra la morosidad.
- Código de buenas conductas. El anteproyecto contempla la promoción de un "código de buenas prácticas comerciales", que no entra a detallar, y de la adopción de sistemas de mediación y arbitraje. Sin embargo, éstos serán de "adscripción voluntaria" por parte de las empresas. Las pymes vuelven a tachar la medida de "tibia", y sostienen que en otros países se han adoptado medidas para sancionar la morosidad con rapidez.
- Supervisión. Los interventores del Gobierno, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos deberán elaborar informes trimestrales sobre los pagos a proveedores. Las corporaciones locales deberán remitir su información al Ejecutivo central o los Gobiernos autonómicos, que a su vez elaborarán un documento público sobre incumplimientos. El anteproyecto tampoco prevé sanciones en casos de impagos, aunque facilita que se reclame el pago ante el juez como medida cautelar.

jueves, 23 de diciembre de 2010

FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Les informo que temporalmente por motivos Navideños desde el 24 de Diciembre de 2010  hasta el 6 de Enero del 2011, no publicare nada en mi blog disculpar las molestias ocasionadas.

Les deseo unas Felices Fiestas y un Prospero y Venturoso año 20011.

lunes, 20 de diciembre de 2010

LIBRO DE CULTURA GENERAL EN LA INGENIERIA CIVIL


Hoy les recomiendo el libro “Mediciones y presupuestos: y otros A4 del proyecto según el CTE” (Autor: Fernando Valderrama) que todo Ingeniero, Arquitecto y Técnico en el área de la ingeniería tiene que tener en su biblioteca personal, ya que ayuda a entender muchas de las  dudas que se nos presentan, cuando estamos ejecutando las tareas de mediciones y presupuestos, que por alguna razón extraña nunca encontramos una respuesta convincente a las mismas. En este libro yo creo que las encontrareis y nos  enseñara que cosas hemos realizado hasta este momento que no es recomendable hacer. Para terminar solo quiero deciros que la lectura del libro es muy agradable y de fácil entendimiento.  

domingo, 19 de diciembre de 2010

LA REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COMO TÉCNICA DE PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

La revisión de precios es una más de las técnicas o mecanismos (junto al denominado factum principis, y riesgo imprevisible) que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece para preservar el equilibrio financiero del contrato, matizando de esta forma el principio de riesgo y ventura.
Concretamente, la figura de la revisión de precios en la contratación administrativa cubre todas las circunstancias que concurren normalmente en la vida de un contrato y, desde luego, los incrementos de costes derivados de la inflación. Así lo expresa, entre otras, la Sentencia de la Sección 4ª de la Sala 3ª, de 2 de julio, de 2004 (Recurso nº 3119/2000) del Tribunal Supremo:
La sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1977 (RJ 1977, 4420), citada por los actores en su escrito de manda, -que contempla un caso similar a la de autos-, declara que “En la contratación administrativa separándose de la civil, por aplicación del principio del equilibrio técnico financiero del negocio jurídico, el mismo se abona por la Administración al empresario en ‘función de la importancia real de las prestaciones efectuadas y no de lo convenido por la parte como ocurre en derecho civil, art. 1450 del Código Civil (LEG 1889, 27) y jurisprudencia que lo integra, por lo cual ese equilibrio financiero, no se respetaría si el precio que ha de recibir el empresario fuese el que ofertó 18 meses antes del perfeccionamiento del contrato”
En este sentido, como ha precisado el Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala Tercera de fecha de fecha 17 de diciembre de 1987), el instrumento o mecanismo de la revisión de precios en la contratación administrativa nace precisamente como una excepción a los principios de precio cierto y riesgo y ventura del contratista que constituyen la regla en los contratos administrativos, de tal manera que la legislación de contratos de las Administraciones Públicas concibe la revisión de precios como una cláusula de estabilidad o equilibrio financiero del contrato que implica una garantía frente a la inestabilidad económica, de suerte que en los contratos de larga duración o volumen importante, la prestación dineraria a favor del contratista no se vea perjudicada como consecuencia de la inflación.
Así, como pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 874/2005 (Sala de lo contencioso-administrativo) de 24 de junio, “(…) es la verificación de la realidad histórica de la inflación en económica española, que se repite año tras año, haciéndose en cierto modo estructural, la que lleva al legislador a poner remedio a esta pérdida del poder adquisitivo que quienes contratan con la Administración Pública sufren a causa de ese incremento permanente de los precios, la que lleva al legislador a remediar la situación mediante el establecimiento de fórmulas de revisión de los precios del contrato, siempre y cuando éstos se prolonguen en el tiempo y tengan una determinada cuantía.
Si la finalidad última de la revisión de precios es, como señala la anterior sentencia, la de evitar la pérdida de poder adquisitivo del contratista, manteniendo así el equilibrio económico del contrato, no procede emplear el mecanismo de la revisión de precios para, precisamente, reducir el precio del contrato mientras su objeto y las prestaciones contratadas permanecen inalteradas.
Se trata, como indica ésta última Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 874/2005, de “revisar el contrato en atención al aumento del coste a lo largo de un periodo determinado, de los distintos factores que lo integran”
De esta forma, si la figura de la revisión de precios tiene como finalidad garantizar al contratista que la prestación económica contratada con una Administración Pública no resulte perjudicada como consecuencia de la inestabilidad económica, paliando la pérdida del valor del dinero que conlleva la inflación, no resulta admisible que este “mecanismo resarcitorio” del contratista –como califica el Tribunal Supremo al instrumento de la revisión de precios en la Sentencia de 2 de julio, de 2004-, se torne en perjuicio del contratista y del equilibrio económico perfeccionado en el momento de la firma del contrato.
Tal y como declara esta misma Sentencia, a diferencia de lo que sucede en el Derecho privado, el precio ha de abonarse por la Administración al contratista en función de la importancia real de las prestaciones efectuadas, y no de lo convenido por las partes; por lo que, como consecuencia de lo anterior, se produce una ruptura del equilibrio económico del contrato si, transcurrido un periodo superior al año, el precio que se abona al contratista resulta ser el mismo que en el momento de la perfección del contrato. Si en estos supuestos se produce un evidente perjuicio al contratista, porque está realizando una prestación que conlleva un mayor coste para el contratista respecto al momento en se perfeccionó el contrato, y que es compensada con el mismo importe, tanto más se produce esta vulneración si la Administración lo que hace es reducir el importe de la contraprestación a percibir por el contratista, a pesar de que éste haya realizado realmente la misma prestación que en el periodo precedente:
“En la contratación administrativa separándose de la civil, por aplicación del principio del equilibrio técnico financiero del negocio jurídico, el mismo se abona por la Administración al empresario en ‘función de la importancia real de las prestaciones efectuadas’ y no de lo convenido por la parte como ocurre en derecho civil, art. 1450 del Código Civil (LEG 1889, 27) y jurisprudencia que lo integra, por lo cual ese equilibrio financiero, no se respetaría si el precio que ha de recibir el empresario fuese el que ofertó 18 meses antes del perfeccionamiento del contrato”.
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la revisión del precio del contrato es un derecho reconocido al contratista, que la Administración sólo puede desconocer cuando así se hubiera pactado. A este respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia vienen pronunciándose en este sentido, llegando a la consideración de que se trata de un derecho renunciable por parte del contratista, tal y como declara la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 874/2005, de 24 de junio:
(…) porque de lo que se trata es de calcular el incremento de precios del contrato concreto de que se trate, y no de calcular el incremento general de los precios de la economía nacional.
Lo anterior determina sin más la improcedencia de la argumentación de la demandante, que olvida que la regulación de la revisión de precios en la contratación administrativa se configuró justamente para compensar a los contratistas de la pérdida del valor del dinero producto de la inflación, así que su afirmación de que no se trata con lo que pide de elevar el precio del contrato, sino de mantener ese precio en pesetas constantes es precisamente el objetivo de la revisión de precios regulada en los artículos 104 y siguientes de la LCAP, así que no es necesario acudir a una suerte de figura distinta para conseguir ese objetivo.”
Pues bien, si la revisión de precios es un derecho que asiste a quien contrata con una Administración, en el sentido de mantener el precio del contrato en euros constantes, no puede pretenderse que este derecho se convierta en una carga económica y en un perjuicio para el contratista, disminuyendo su retribución sin que exista una previa modificación de las prestaciones acordadas en el contrato.

ACAL

sábado, 18 de diciembre de 2010

PEQUEÑOS CONSEJOS PARA OPTIMIZAR EL TRABAJO AL HACER UN PRESUPUESTO

Para realizar un óptimo presupuesto de obra, sus componentes: los precios unitarios y las mediciones, deben ser realistas, acoplados al máximo.
Las mediciones del proyecto por ejemplo deben cumplir indispensablemente algunos factores:
1. las mediciones deben corresponderse con los planos, es muy importante que las mediciones se ciñan a lo estipulado en los planos
2. Claridad en el desarrollo, tanto al realizarlas como al redactarlas; el desorden o no congruencia en las secuencias de realización puede dar paso a desfases.
3. Inclusión ordenada de todas las unidades de obra.
4. Estrecha Correlación con los precios unitarios.
5. Exactitud en las operaciones y cálculos.
6. Coincidencia con el pliego de condiciones.